La escuela debería ser el lugar más seguro del mundo para una niña o un niño, después de su propio hogar. Un santuario de aprendizaje, juego y crecimiento. Sin embargo, una herida profunda y sistémica en México nos demuestra que esta premisa, lamentablemente, no siempre se cumple.

Este 8 de septiembre marca un hito en la historia de nuestro país, uno que no debería ser motivo de celebración, sino de profunda reflexión. Tras siete largos y dolorosos años de lucha, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la CDMX se verán obligadas a ofrecer una disculpa pública a las niñas y niños víctimas de violencia sexual en uno de sus planteles.

Este momento histórico no es una concesión voluntaria del sistema, sino el resultado de una batalla legal y emocional incansable, liderada por familias valientes y por la Oficina de Defensoría de la Infancia (ODI), una organización que ha dedicado años a visibilizar, acompañar y defender a las infancias que han vivido el horror en los lugares que debían protegerlas.

Esta es la historia detrás de esa disculpa: un recordatorio de una tragedia nacional y un llamado urgente a la acción para que las escuelas sean, de una vez por todas, espacios seguros.

Un patrón de horror: cuando la escuela se convierte en un centro delictivo

Lo que la ODI ha documentado a lo largo de más de una década, a través de informes de investigación como «Es un secreto» y sus actualizaciones, no son casos aislados de «manzanas podridas». Lo que han destapado es un patrón delictivo, un modus operandi que se repite con una similitud escalofriante en diferentes estados del país.

Se trata de agresiones masivas y visibles, ocurridas en distintos espacios de los planteles, cometidas por grupos de adultos que combinan violencia sexual, física y psicológica, a menudo bajo rituales grotescos en los que las víctimas son videograbadas o fotografiadas. Lo que comenzó con un primer caso documentado en 2008, hoy se ha expandido a 25 casos en 11 estados de la República.

El caso que finalmente forzó la disculpa pública, el del Jardín de Niños Público Marcelino Champagnat en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX, es un microcosmos de esta tragedia. Allí se registraron 57 denuncias de niñas y niños de entre 3 y 5 años. A pesar de que las infancias señalaron a 13 adultos como responsables, y de la evidencia presentada, solo dos agresores fueron sentenciados. La red de complicidad —que según las denuncias involucraba a maestros, directivos y personal administrativo— nunca fue desarticulada. La mayoría de los señalados permanecen en sus puestos, en contacto directo con otras infancias.

La red de encubrimiento: el cuestionable rol de las instituciones

Uno de los aspectos más graves que revela esta lucha es el preocupante patrón de encubrimiento y negligencia por parte de las propias instituciones que deberían proteger a la niñez.

  • La SEP, como juez y parte. El informe y los testimonios de las familias señalan que el área jurídica de la SEP, en lugar de guiar a los padres hacia las fiscalías especializadas, los persuadía para no denunciar penalmente. La primera familia en el caso Champagnat recibió la instrucción de levantar la denuncia dentro de la propia SEP, un esquema en el que la secretaría se «investiga» a sí misma, facilitando el ocultamiento de pruebas y constituyendo un delito en sí mismo.

  • Intervenciones revictimizantes. El área psicológica de la SEP intentó evaluar a 30 niñas y niños en menos de una hora, con apenas tres preguntas, un procedimiento que está muy lejos de ser una intervención adecuada y que revictimiza a los menores.

  • Investigaciones fragmentadas. La Fiscalía y los ministerios públicos agravaron el problema al tratar cada denuncia como un caso individual. Al fragmentar las investigaciones, se impidió ver la magnitud del problema, se ignoró la evidencia de delincuencia organizada y se diluyó la responsabilidad de la red de complicidad.

Una disculpa histórica, pero dolorosamente insuficiente

La disculpa pública es un logro monumental, un acto de reconocimiento sin precedentes. Es la primera vez que el Estado mexicano pide perdón directamente a la infancia por la violencia sexual sufrida en las aulas. Como expresó Brenda Caballero Ramírez, psicóloga de la ODI, «llegar a este momento ha costado años de lucha… para que mañana, cuando sus hijos recuerden el daño que les hicieron, sepan que eso nunca debió pasar y que su familia hizo todo lo posible por exigir justicia».

Sin embargo, esta disculpa no es el final del camino; debe ser el principio. La propia sentencia que la ordena también exige a la Fiscalía General de la República que continúe con la investigación de la posible participación de otras personas en los hechos delictivos, algo que aún no sucede. Sin una justicia completa, sin la desarticulación de las redes y sin medidas efectivas de no repetición, la disculpa corre el riesgo de ser un acto simbólico vacío.

Como expresaron las propias familias de las víctimas: «Tanto dolor y rabia pueden transformarse en momentos como este, en los que podemos incidir en más cuidadores y cuidadoras, para que seamos más las personas que cuidamos a la niñez que aquellas que se organizan para dañarla».

Septiembre: fecha en el calendario a exigencia ciudadana

A raíz de esta larga batalla legal, la SEP estableció el pasado 8 de septiembre como una jornada de concientización sobre la violencia sexual en el calendario escolar oficial. El problema es que, hasta ahora, es una fecha sin contenido. No existe un protocolo unificado ni una planeación sobre qué debe hacerse ese día, y la mayoría del personal docente desconoce su origen y su propósito.

Es responsabilidad de la sociedad civil —madres, padres, cuidadores y ciudadanía en general— tomar esta fecha y convertirla en una exigencia. Debemos preguntar en nuestras escuelas qué se hará ese día, debemos involucrarnos y, sobre todo, debemos exigir que los protocolos de actuación pongan a la Fiscalía —y no a la SEP— como la única instancia de investigación y sanción.

Si la escuela cae, el país no tiene futuro

La sentencia del caso Champagnat dicta medidas claras que aún deben implementarse en todo el país:

  • La elaboración de protocolos claros sobre abuso sexual infantil en todas las escuelas, públicas y privadas.

  • Capacitación permanente a todo el personal sobre prevención, detección y actuación.

  • Producción de material de prevención para las aulas.

  • Criterios de contratación que aseguren un perfil apropiado para trabajar con infancias.

Como lo dijo Mariana Gil Bartomeu, Directora de la Oficina de Defensoría de la Infancia (ODI): “La escuela es la institución más relevante para un país que aspira a ser una nación en donde la dignidad se haga costumbre… si la escuela cae, el país no tiene presente ni futuro”. Su mensaje es un llamado urgente a la sociedad entera.

Definitivamente, la seguridad, integridad y dignidad de los alumnos no tiene precio, por lo tanto, las escuelas no es un tema negociable para la educación y formación de nuestros peques. Es el mejor plan que podemos darle para su evolución. Y si, sin escuela, no hay país. 

Fuente: Ati, modificado por Mariel Gadaleta
Fotos Freepik 

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