Imagina ser una mujer que ha descubierto un embarazo no deseado. Decides practicarte un aborto clandestino, porque la ley lo prohíbe. Alguien te denuncia. Eres detenida, juzgada y sentenciada a cumplir una condena de entre 25 y 30 años de prisión por homicidio. En medio de esas circunstancias podrías pensar que con todo, te fue mejor que a aquellas que murieron en el intento de practicarse un aborto clandestino.

Esta es la realidad que viven cientos (quizá miles) de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. No se tienen cifras claras al respecto pero se calcula que hay aproximadamente 200 mujeres en prisión y se sabe que las complicaciones relacionadas con un aborto representan la quinta causa de muerte materna y de estos al menos el 57 por cierto sucedió en prácticas clandestinas.

¿Quiénes son estas mujeres?

En 1997 yo hacía mis pininos como reportera. Recuerdo que la primera nota que me dieron oportunidad de cubrir fue una conferencia de prensa de la organización GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida AC) en la que se reveló que seis de cada diez mujeres perdían la vida a causa de abortos mal practicados.

Ya desde entonces se sabía que la escolaridad promedio de las víctimas era secundaria. Muchas provenían de zonas marginadas y pobres y algunas ni siquiera hablaban español.

En medio de este panorama diez años después, en 2007 se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Con muchísima polémica se concedió a las mujeres el derecho de interrumpir su embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación y para ello, recibir asistencia médica especializada por parte del Estado. En diez años, en la capital del país se alcanzó una tasa CERO de mortalidad por esta razón.

Ahora, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en el país en despenalizar el aborto. Las redes y las calles ardieron antes, durante y después de la aprobación en el Congreso local y ya algunas organizaciones preparan amparos e impugnaciones en contra de esta reforma.

Despenalizar vs Legalizar

En 2007 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidió legalizar la interrupción del embarazo, lo que significa regular todo el proceso para acceder al aborto. Lo que sucedió el pasado 25 de septiembre en Oaxaca fue derogar el tipo penal donde se establece una pena por abortar, traducción: el aborto dejó de ser delito, pero el Estado no proveerá el procedimiento como sí sucede en Ciudad de México.

Cabe aclarar que en todo el país, el aborto está permitido en casos de violación y en casi todos los estados (a excepción de Querétaro, Guanajuato y Guerrero) en caso de que la vida de la madre esté en riesgo.

Cuando se habla de aborto todas las pasiones se desatan. Los argumentos acerca de la vida, el alma, la apariencia, las doce semanas, el derecho sobre el propio cuerpo se contraponen sin parar. Pero el problema va mucho más allá. La mayoría de los abortos son resultado de la falta de educación y no solo me refiero a la sexual y reproductiva, sino a la que tiene que ver con ética, principios, derechos e igualdad. Porque en esta discusión poco se habla del papel y responsabilidad del hombre. Porque los embarazos no son cosa solo de la mujer, pero los abortos, sí.

De igual manera, las decisiones personales de los ciudadanos no son asunto del gobierno, pero garantizar el pleno ejercicio de sus libertades sí que lo es.

Las voces en contra se escandalizan como si le legalización o despenalización se tradujera en obligatoriedad, olvidando que la prohibición no significa que no suceda.

Yo personalmente siempre he creído que la mujer que ya ha decidido abortar, lo hará con o sin ley a su favor, lo que estas reformas garantizan es primero, que no vayan a la cárcel por ese motivo y segundo y aún más importante, que no se jueguen la vida en el intento.

No me parece un avance menor.

Comparte tu opinión