En cuestión de tan solo un mes dos sucesos fatales marcaron la agenda de noticias en México y ambas tocan el ámbito escolar. En diciembre pasado se viralizó la noticia de una alumna de una de las universidades más prestigiosas del país se habría quitado la vida a causa de estrés escolar insoportable; y apenas empezando este nuevo año un niño de tan solo once años protagonizó una masacre en su primaria en la que él mismo resultó muerto.
De la universitaria se aclaró después que estaba diagnosticada con epilepsia y que su muerte habría ocurrido como consecuencia de una de las crisis que solía presentar. Sin embargo, ya el debate estaba encendido y la salud mental estaba en el centro de la discusión. Algo similar sucede con la tragedia en el Colegio Cervantes de Torreón. Más allá de la salida inicial y simple de culpar la influencia de algún juego de video, conforme pasan los días se está hablando de la situación mental y emocional en que se encontraba el niño agresor.
Este par de eventos han dado la ocasión perfecta para hablar de la relación que guarda la salud mental y los derechos humanos fundamentales.
“Es evidente que no puede haber salud sin salud mental, en ningún lugar del mundo la salud mental se encuentra en plano de igualdad con la salud física, en términos de presupuesto o educación y práctica médicas” asegura Sr. Dainius Pūras, experto de Naciones Unidas.
¿POR QUÉ LA SALUD MENTAL ES IGNORADA?
No hay una sola razón, pero casi todas las posibles respuestas están relacionadas con el desconocimiento y la discriminación.
Y es que la salud mental sigue siendo un tabú en buena parte del mundo, ya no digamos en los países de nuestra región.
Cuando una persona es diagnosticada con algún padecimiento o condición mental, emocional o psicosocial y esta noticia trasciende el ámbito de lo privado, es como obtener un pase automático a la estigmatización que tomará diversas formas (todas negativas): rechazo, bullying, dificultad para encontrar un empleo o conservar el que ya se tenga y de las relaciones humanas, ni hablar. En resumen ante la mirada de los otros deja de ser una “persona normal” para convertirse en una persona rara y esta rareza permeará todos los ámbitos de su vida.
Y no ignoro que muchos diagnósticos y sus tratamientos verdaderamente colocan al paciente en una condición de discapacidad (temporal o permanente), sin embargo, esto de ninguna manera puede justificar actitudes discriminatorias. Una persona no pierde sus derechos fundamentales a causa de diagnóstico médico alguno (tema aparte es la interdicción, pero no es tema de este texto)… Al contrario, en todo caso, se convierte en sujeto de una intervención extraordinaria por parte de las instituciones que conforman el Estado para garantizarle su derecho al acceso a la salud.
Si a este panorama le sumamos las características propias de una sociedad como la nuestra, la cosa se complica más.
Vivimos en un mundo hiper competitivo, enfocado por completo a la recompensa monetaria y con una tolerancia casi nula a lo diferente.
En este contexto hablar de empatía, compasión, comprensión y contención es casi hacerlo en un idioma extraterrestre.
SALUD MENTAL EN LA ESCUELA
Como ya hemos visto, la salud mental va mucho más allá de la vida dentro de las paredes de nuestro hogar. La salud mental también se alimenta (o se contamina) de las contrucciones sociales que nos rodean.
Por eso es tan importante entender que no se trata solamente de la educación, valores y formación que cada persona recibe en casa. La escuela es el espacio donde buena parte de los seres humanos pasamos al menos la mitad de nuestros días durante veinte años aproximadamente (de preescolar a universidad). Visto así ¿no deberíamos preocuparnos y ocuparnos en que en ambiente contara con un apoyo sicológico mínimo?
La respuesta es afirmativa, porque de lo contrario ¿qué creen? Se estaría violando el derecho humano de acceso a la salud integral. Eso es lo que está sucediendo.
No se trata de que cada persona o familia decida acudir o no a terapia, que de paso, mucho se ha dicho que debiera estar incluida en la canasta básica, sino que se trata de una obligación del Estado mexicano que, para variar, no se está cumpliendo en el caso de escuelas públicas ni está haciendo cumplir en la educación privada.
Si entendemos, además, que la salud mental es el resultado multifactorial de la vida en colectivo, nos quedaría clara también la responsabilidad que todas las personas (además de las autoridades) tenemos la realidad que hemos construido. Y voy más allá: nos ayudaría también a asumir el papel de observadores que debiéramos ejercer no desde el juicio o la superioridad sino desde la empatía y sensibilidad que nos permitieran entender las señales de alerta que emiten todas las personas en una situación mental y emocionalmente frágil.
Sean pequeños de primaria con una familia rota o jóvenes universitarios hiper presionados por las exigencias académicas, estoy convencida que siempre son susceptibles de un acercamiento empático, respetuoso y de una intervención a tiempo. (Para entenderlo con dibujos –literal– hay esfuerzos como este material para niños, gratuito de la Confederación de Salud mental de España https://www.consaludmental.org/publicaciones/Mia-y-Tete.pdf)
Suena utópico, porque la verdad es que casi en ningún lugar sucede así, pero soy de las que opinan que es posible, que todos podemos tomar acción desde nuestro ámbito y que si lo hacemos, por pequeño que sea, podemos lograr que la espiral de violencia no tome tintes cada vez más terribles.
Por último diré que en el caso específico del Colegio Cervantes de Torreón nadie merecía morir y nadie merece que se le señale como único responsable.
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